2010, Unicef y FJD, Justicia Penal Juvenil

Realidad, perspectivas y cambios en el marco de la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto

Con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, Uruguay comenzó un proceso de
adecuación de su normativa nacional a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño
y demás instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores
de edad.
La implementación del CNA en estos seis años de vigencia ha significado un verdadero desafío
para las instituciones y los operadores, por una suma de factores que tienen su origen en diferentes
causas: deficiencias normativas del propio Código, inadecuación estructural de algunas instituciones
para el cumplimiento de sus fines de protección de los derechos de los niños, persistencia de prácticas
tutelares de algunos operadores, dificultades en la operatividad del sistema de ejecución de las
sanciones, especialmente en la administración de los centros de privación de libertad, la sensación
de impunidad que generó en la sociedad este cuerpo normativo ni bien fue aprobado, con el consiguiente
aumento de la demanda de mayor dureza en la intervención punitiva, entre otras.
El Observatorio del Sistema Judicial ha venido monitoreando, a través del análisis exhaustivo de
expedientes judiciales, este complejo proceso de implementación de la normativa vigente en el país.
De su análisis surgen las dificultades que tanto instituciones como operadores tienen que enfrentar
para dar cabal cumplimiento a sus responsabilidades, muchas veces derivadas de la subsistencia de
prácticas no ajustadas al nuevo paradigma, tanto en el ámbito penal adolescente como de protección
de los derechos vulnerados o amenazados de niños y adolescentes.
Por ello UNICEF entiende pertinente cooperar con organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad
u objetivo último sea contribuir con el país al mejoramiento de las instituciones y de la praxis
de los operadores, a fin de garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso a la justicia para la
protección de sus derechos y cuando se vean enfrentados a un juicio de atribución de responsabilidad
penal.

 

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Justicia_penal_juvenil2010_FINAL.pdf

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